Hace tan solo una semana, el ministro de educación, Ángel Gabilondo, planteaba la opción de prolongar la enseñanza secundaria hasta los 18 años. Una propuesta bien recibida por la oposición ya que el Partido Popular apoya la ampliación del bachillerato a tres años. Pero este consenso político no se traslada a la práctica, pues la iniciativa parece haberse ganado detractores entre sus principales afectados: los alumnos y el profesorado.
Son muchas las opiniones que se vierten al respecto. Algunos argumentan que la medida, de aplicarse, podría tener un efecto contraproducente al obligar al alumnado, más proclive al abandono, a entorpecer el aprendizaje del resto de compañeros. Otros, sin embargo, ven en esta propuesta la posibilidad de prolongar el aprendizaje hasta la mayoría de edad con la consiguiente preparación profesional que ello lleva implícito. Los más pragmáticos, por el contrario, ven que, dado la coyuntura económica que atravesamos, dilatar el proceso de aprendizaje ayudaría a dejar de engrosar la lista de desempleados.
Mientras se toman las medidas oportunas y la idea prospera, las declaraciones del titular de educación han provocado que la cuestión se sitúe en el centro del debate educativo. ¿Sería adecuada la ampliación en un país donde el absentismo escolar va en aumento? O la medida, de llevarse a la práctica, ¿podría tornarse contraproducente? ¿Qué beneficios o perjuicios acarrearía la aplicación de esta ley?
