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15 de diciembre de 2009

En Castilla y León, los padres deciden

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León otorga a los padres, de los alumnos que así lo prefieran, la potestad para retirar de los crucifijos de las escuelas. Así lo ha afirmado hoy la Consejería de Educación que acata la sentencia que ordenaba la retirada de los símbolos religiosos del colegio público Macías Picavea de Valladolid. La desparición se producirá tan solo en aquellos casos en los que los padres de los alumnos así lo soliciten. Con esta aceptación la cuestión de los símbolos religiosos parece haberse desplazado del debate político para pasar el testigo a otro de los colectivos implicados en la educación de los menores, sus padres. La guerra de los símbolos pierde color político y se subordina a la educación paterno-filial.
La consejería de educación afirmó que ellos “ni ponen ni quitan crucifijos” y en todo caso, esa decisión, de realizarse, compete al legislador pues ninguna ley va en contra de la presencia de estos símbolos ostensibles en las escuelas y volvieron a incidir en que cualquier decisión al respecto es decisión del consejo escolar.
 
La sentencia pone punto y final a la demanda que, en marzo de 2008, que obligaba al centro escolar a retirar los símbolos religiosos de aulas y espacios comunes a petición de la Asociación Cultural Escuela Laica de Valladolid. La decisión tomada por el poder judicial, solo avisa de que solo bastaría la decisión de un padre para iniciar el proceso de retirada.

En este caso se concede a los padres el mismo papel que se les otorgó con la objeción de conciencia respecto a la asignatura Educación para la Ciudadanía. Que recaiga en ellos la responsabilidad de educar a sus hijos según sus convicciones. En lugar del adoctrinamiento político (debate que planteo la impartición de la polémica asignatura Educación para la Ciudadanía) lo que se pretende evitar la coerción de la libertad religiosa y de creencia.

Antes Educación para la Ciudadanía, ahora guerra de los símbolos. En cualquier caso, los gobiernos intentan apoderarse de ese factor tan determinante en la formación humana, como es la educación. Conscientes de su importancia, los partidos políticos intentan convertirse en el primer referente para sentar las bases de quienes están en un proceso de constitución. Pero, ¿hasta qué punto es un adoctrinamiento o pesa más la opinión de una oposición carente de poder para dictar las directrices educativas?



Más información: El Mundo, Europa Press

3 de diciembre de 2009

La guerra de los símbolos

Cuando parecía que la confrontación política sobre la eliminación de los crucifijos religiosos en las escuelas había quedado relegada al olvido, Esquerra Republicana de Cataluña (ERC) ha puesto de nuevo sobre la mesa un tema que dejo pendiente antes de vacaciones, la desaparición de los símbolos ostensibles de los centros educativos. Una petición que podría ser considerada como la antesala de la renovación de la Ley de Libertad Religiosa. Ayer, la Comisión de Educación del Congreso aprobó una proposición no de ley, en la que instaba al ejecutivo a aplicar en todos los colegios la jurisprudencia del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo.



Joan Tardá, diputado ERC

El origen de este contencioso se encuentra en la denuncia que una ciudadana italiana, Soile Lautsi, hizo en 2002 y en la que reclamaba al instituto estatal italiano, en el que estudiaban sus dos hijos, que quitara los crucifijos de las clases. La sentencia señalaba que "el crucifijo en la escuela pública supone una violación de los derechos de los padres a educar a sus hijos según sus convicciones y de la libertad de religión de los alumnos".

Otro de los temas objeto de debate fue la titularidad de los centros en los que se exige la retirada. Mientras que la propuesta de ERC hacia referencia tan solo a los colegios públicos, momentos más tarde, el diputado Joan Tardà aseguró que la retirada de crucifijos se aplicará tanto a los centros públicos como a los concertados.

El rastro marcado por esta sentencia fue apoyado por PSOE, ERC-IU-ICV y BNG, un apoyo al que no se sumaron ni PP ni CiU. La proposición no ha tardado en generar los primeros comentarios. El primero en pronunciarse ha sido el ministro de Educación Ángel Gabilondo quien ha afirmado que “hay que hay que atender al artículo 16.3 de la constitución en el que se explica la libertad de creencia religiosa pero a la vez no debemos olvidar que España, como también viene fijado en la constitución, es un estado aconfesional. El objetivo es conjugar estos dos principios”. Quien también se pronunció fue el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero que aclaró que la retirada de los símbolos reliogosos de las escuelas no está en la agenda del gobierno hasta que la ley de Libertad Religiosa no contemple ese supuesto.






Por el momento se trata de una propuesta, sin valor legislativo pero que ya ha levantado ampollas entre las partes afectadas y, por supuesto, ha vuelto a resquebrajar el escaso consenso político que, en materia de educación, existía con la reforma educativa.


Fuentes: El País, El Mundo
Imágenes: Adn