Cuando parecía que la confrontación política sobre la eliminación de los crucifijos religiosos en las escuelas había quedado relegada al olvido, Esquerra Republicana de Cataluña (ERC) ha puesto de nuevo sobre la mesa un tema que dejo pendiente antes de vacaciones, la desaparición de los símbolos ostensibles de los centros educativos. Una petición que podría ser considerada como la antesala de la renovación de la Ley de Libertad Religiosa. Ayer, la Comisión de Educación del Congreso aprobó una proposición no de ley, en la que instaba al ejecutivo a aplicar en todos los colegios la jurisprudencia del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo.
Joan Tardá, diputado ERC
El origen de este contencioso se encuentra en la denuncia que una ciudadana italiana, Soile Lautsi, hizo en 2002 y en la que reclamaba al instituto estatal italiano, en el que estudiaban sus dos hijos, que quitara los crucifijos de las clases. La sentencia señalaba que "el crucifijo en la escuela pública supone una violación de los derechos de los padres a educar a sus hijos según sus convicciones y de la libertad de religión de los alumnos".
Otro de los temas objeto de debate fue la titularidad de los centros en los que se exige la retirada. Mientras que la propuesta de ERC hacia referencia tan solo a los colegios públicos, momentos más tarde, el diputado Joan Tardà aseguró que la retirada de crucifijos se aplicará tanto a los centros públicos como a los concertados.
El rastro marcado por esta sentencia fue apoyado por PSOE, ERC-IU-ICV y BNG, un apoyo al que no se sumaron ni PP ni CiU. La proposición no ha tardado en generar los primeros comentarios. El primero en pronunciarse ha sido el ministro de Educación Ángel Gabilondo quien ha afirmado que “hay que hay que atender al artículo 16.3 de la constitución en el que se explica la libertad de creencia religiosa pero a la vez no debemos olvidar que España, como también viene fijado en la constitución, es un estado aconfesional. El objetivo es conjugar estos dos principios”. Quien también se pronunció fue el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero que aclaró que la retirada de los símbolos reliogosos de las escuelas no está en la agenda del gobierno hasta que la ley de Libertad Religiosa no contemple ese supuesto.
Por el momento se trata de una propuesta, sin valor legislativo pero que ya ha levantado ampollas entre las partes afectadas y, por supuesto, ha vuelto a resquebrajar el escaso consenso político que, en materia de educación, existía con la reforma educativa.
Fuentes: El País, El Mundo
Imágenes: Adn
Joan Tardá, diputado ERCOtro de los temas objeto de debate fue la titularidad de los centros en los que se exige la retirada. Mientras que la propuesta de ERC hacia referencia tan solo a los colegios públicos, momentos más tarde, el diputado Joan Tardà aseguró que la retirada de crucifijos se aplicará tanto a los centros públicos como a los concertados.
El rastro marcado por esta sentencia fue apoyado por PSOE, ERC-IU-ICV y BNG, un apoyo al que no se sumaron ni PP ni CiU. La proposición no ha tardado en generar los primeros comentarios. El primero en pronunciarse ha sido el ministro de Educación Ángel Gabilondo quien ha afirmado que “hay que hay que atender al artículo 16.3 de la constitución en el que se explica la libertad de creencia religiosa pero a la vez no debemos olvidar que España, como también viene fijado en la constitución, es un estado aconfesional. El objetivo es conjugar estos dos principios”. Quien también se pronunció fue el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero que aclaró que la retirada de los símbolos reliogosos de las escuelas no está en la agenda del gobierno hasta que la ley de Libertad Religiosa no contemple ese supuesto.
Por el momento se trata de una propuesta, sin valor legislativo pero que ya ha levantado ampollas entre las partes afectadas y, por supuesto, ha vuelto a resquebrajar el escaso consenso político que, en materia de educación, existía con la reforma educativa.
Fuentes: El País, El Mundo
Imágenes: Adn
